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Friday, August 10, 2007

Los adultos mayores chilenos en siglo 21 - 2a. Parte

La salud

Sabemos ya que el adulto mayor es un sujeto vulnerable en muchos sentidos y uno de ellos es que enferma con mayor frecuencia que otros grupos de edad(12). En la salud chilena existe un sistema mixto, con un componente público mayoritario y una pequeña porción de afiliados a instituciones privadas. Aproximadamente el 75% de todos los adultos mayores del país son beneficiarios del sistema de salud público, dos de cada tres tienen derecho a recibir atención gratuita en los establecimientos estatales y FONASA, grupos A y B. Solamente el 8% de la población mayor chilena está adscrita al sistema de salud privado, ISAPRES. De este modo podemos asegurar que el 50.1% de los adultos mayores del país dependen del estado para recuperar su salud. Esta carga irá en aumento. Mientras hoy día hay 700.000 beneficiarios, el 2010 ellos habrán aumentado a cerca de un millón. En mayo del 2001, se eliminó el pago compartido de hospitalización en establecimientos públicos a los beneficiarios adultos mayores afiliados a FONASA, iniciativa que sin duda contribuirá a mejorar el acceso de los ancianos enfermos al sistema.

La perspectiva del equipo de salud da cuenta de la falta de servicios especializados en adulto mayor, respecto de recursos humanos debidamente entrenados y de establecimientos de atención, sea en el nivel primario o de mayor complejidad. Persiste todavía, aunque en menor grado, la tendencia curativa del modelo de atención que favorece largas hospitalizaciones que les generan otros problemas adicionales, tales como aumentar sus dificultades locomotoras, exceso de consumo de medicamentos, y lo que es más grave, predispone a la desvinculación de los familiares una vez que el anciano ingresa al hospital. Se señala además, que pese a los esfuerzos realizados, aún persiste la falta de coordinación entre el sector salud con otros sociales y comunitarios, y a pesar que es una recomendación de larga data, todavía no se dispone de alternativas reales para asistir a los ancianos frágiles que permanecen en sus domicilios sin trasladarlos a centros asistenciales.

La atención de salud del senescente debe ser llevada a cabo por un equipo transdisciplinario, debidamente entrenado. Aquí tiene especial importancia la formación académica de postgrado en gerontología, la que se está abordando a través de algunas universidades, pero todavía dista de alcanzar niveles de suficiencia. Referente a lo mismo, es muy importante disponer de recursos humanos y materiales especializados en gerontología no solamente en la Región Metropolitana (donde también son escasos) sino en aquellas regiones más envejecidas: IV, IX y X, y también donde se concentra la población de senescentes más pobres: VIII, y otra vez la IX y IV. Ahora bien, todo este proceso terapéutico debe esforzarse en considerar al paciente anciano sujeto y no objeto de las atenciones recibidas. Por una parte, él o ella deben ser capaces de valorar los progresos, retrocesos o situaciones estacionarias que van experimentando con el tratamiento, y por la otra, las normativas y los programas deben tener cierta flexibilidad para poder respetar estas diferencias individuales, lo que es una permanente tensión frente a la cuantía siempre escasa de recursos.

La recuperación de la salud del adulto mayor debe ser entonces, una propuesta integral que a partir del reconocimiento y aceptación de la subjetividad del anciano, se oriente hacia la satisfacción de la dimensión individual, para desde allí proyectar el impacto colectivo que estamos preconizando. Esta modalidad además, permite dar satisfacción a la idea de Alain Touraine(3) que analizamos al comienzo, que señala que en democracia los consumidores de los bienes públicos (en este caso de la salud pública) deben ser activos contralores de la calidad de los servicios que están percibiendo y no limitarse a ser receptores pasivos, como sigue siendo hasta ahora.

La seguridad social

Es en este campo donde notamos con mayor fuerza la presencia de la economía de mercado, al coexistir un sistema mixto. En lo privado, se define como un régimen jurídico institucional basado en la creación de un fondo individual de capitalización, compuesto por las cotizaciones del afiliado y las rentas que obtiene a lo largo del tiempo la respectiva administradora y que al final de la vida laboral constituye un capital con el cual se puede contratar un seguro de renta vitalicia, un retiro programado del capital o una renta temporal con renta vitalicia diferida. De este modo, la suficiencia y la cobertura están determinados por el capital así formado. En todo caso, hay una garantía estatal mínima determinado por ley. Actualmente hay alrededor de seis millones y medio de personas afiliadas al sistema privado, sostenidas por aproximadamente la mitad que son los cotizantes, distribuidos en ocho instituciones o administradoras (AFP).

El sistema público opera a través del Instituto de Normalización Previsional, INP, encargado de administrar tanto el pago de pensiones ya causadas como de las que se ocasionen en el futuro en beneficio de sus actuales imponentes. A diferencia del anterior, éste es un gasto que en su mayoría asume el Estado directamente. El INP paga alrededor de un millón de pensiones anuales, sea por antigüedad, vejez, invalidez o sobrevivencia. Al mismo tiempo, debe concurrir con los imponentes que se mantuvieron en el sistema antiguo, y que incluye más o menos a 300.000 personas.

Además, se contempla otra modalidad consistente en la asignación de Pensiones Asistenciales (PASIS) para mayores de 65 años en situación de pobreza. Este tipo de asignación ha venido a cubrir parcialmente a quienes por la insuficiencia de años o falta de cotizaciones previsionales no tienen derecho a jubilación. Ahora bien, a los gastos de recursos fiscales ya señalados debe sumarse otro más: el relativo al financiamiento de bonos de reconocimiento de aquellos que se trasladaron desde el antiguo al nuevo sistema.

Cifras recientes muestran que en torno al 40% de la población adulta mayor no está afiliada a ningún sistema previsional y cuya responsabilidad debe ser asumida por el Estado. De quienes reciben jubilación o pensión, un 72,2% está adscrito al Instituto de Normalización Previsional y el 11,8% se ha pensionado a través de una AFP (CASEN, 1998). Como vemos, persisten importantes sectores de trabajadores independientes, sean a tiempo completo, parcial u ocasional que no están afectos a sistema previsional alguno, cuyos ingresos generalmente son mínimos e inestables (de hecho, sólo el 2% de los adultos mayores reciben ingreso producto de traspasos estatales vía subsidios monetarios).

En este segmento del análisis es conveniente recordar la situación generalizada de desventaja económica histórica que tienen las mujeres jefes de hogar frente a los hombres, lo que se traduce en menores ingresos y bajas coberturas previsionales, todo lo cual redunda en una mayor probabilidad de enfrentar condiciones agudas de pobreza, tanto ellas como sus familias. A esto es necesario agregar que independientemente del género, las oportunidades para el adulto mayor de obtener mejores condiciones laborales son bastante menguadas, frente a la severa competencia con las generaciones más jóvenes y con mejor nivel de educación.

El adulto mayor, antes y ahora, accede al sistema de seguridad social principalmente por causales de edad. Esta situación general no da cuenta de las diferencias al interior del mismo grupo etario que analizábamos antes, puesto que hay un progresivo aumento de la vulnerabilidad del adulto, y por ende, mayores necesidades mientras más se avanza en edad. Un progreso al respecto es que el monto de las pensiones mínimas ya ha sido incrementado si el beneficiario es mayor de 70 años, pero salvo en este caso, la mayor edad no ha sido incorporada como parámetro para elaborar políticas de seguridad social que permitan definir otros beneficios distintos.


El sistema privado de pensiones sí contempla el avance de edad a través de la capitalización individual, dependiendo el monto de la pensión que se obtiene del ahorro acumulado. Pero lo anterior es impracticable en períodos de cesantía, cuando simplemente debe cesar el ahorro hasta que se obtenga un nuevo empleo, disminuyendo su fondo de capital en relación al tiempo que el trabajador permanece desempleado, a menos que él mismo después lo reponga. Para esta eventualidad no hay una solución legal que permita una intervención en favor de los afectados. Asimismo, el monto del capital depende en gran parte de la rentabilidad que obtengan las administradoras, gestión que ha tenido resultados negativos en varias oportunidades durante los últimos dos años y ha ido en desmedro de quienes debían acogerse a jubilación entonces y más adelante.

En el presupuesto 2001, el gobierno incorporó la partida "superávit estructural", que significará introducir un ahorro fiscal similar al 1% del gasto anual. Parte de estos recursos serán destinados a resolver el tema previsional del futuro, por cuanto por las razones que ya hemos analizado, una parte significativa de quienes se acogerán a retiro en los próximos años con el sistema de capitalización individual, recibirán montos inferiores a las pensiones mínimas.

A fines del 2000 se aprobó una propuesta tendiente a igualar montos de pensiones mínimas y que además eliminará progresivamente los pagos adicionales -entre 2% y 4%- que los jubilados deben efectuar además de su cotización de salud obligatoria del 7%. La distorsión venía produciéndose desde 1988, año en que fue promulgada la ley 18.754, que estableció el pago del 7% del salario para salud. En esos años existían 38 cajas de previsión distintas y cada una de ellas operaba con sus propios montos. Después de la promulgación de la ley mencionada, siguieron incautándose a los pensionados las sumas complementarias, las que pasaron a formar parte de un fondo solidario. La modificación permitirá financiar este fondo con recursos fiscales, lo que significa un aporte de 12.500 millones de pesos, que se realizará en tres etapas: un tercio de los jubilados cesará su obligación de pago al 1 de julio del 2001, el segundo tercio a contar del 1 de enero del 2002, y el último a partir de julio de ese mismo año.

Pero el intento de mejorar ingresos, siendo uno de los elementos más importantes para una vejez tranquila, no es el único. Aquí cobran relevancia los servicios sociales que puedan implementarse, tanto de iniciativa pública como privada, los cuales tenderán a favorecer su reinserción en la vida social. Uno de los aspectos más relevantes a juicio de los expertos consultados para este artículo, es la posibilidad de que este grupo poblacional pueda desarrollar un trabajo creativo, no sólo como fuente generadora de ingresos monetarios, sino además como provisión de espacios para el desarrollo personal. Es recomendable intentar generar ocupaciones con jornadas flexibles, donde puedan transmitir su experiencia y conocimientos a los más jóvenes, como por ejemplo asumiendo tareas en las organizaciones intermedias o comunitarias. Estas actividades permitirían además la reproducción de ambientes proclives a la realización de acciones educativas complementarias, tales como estimular la creación de comportamientos orientados al cuidado de sí mismos y desarrollar habilidades para mejorar sus relaciones familiares y sociales.

La educación

Los resultados de la CASEN 1998 indican que un 15% de los adultos mayores son analfabetos; el porcentaje promedio en la población total es de 4,6%. El analfabetismo en los adultos mayores es levemente superior en las mujeres que en los hombres: un 15,6% frente a un 14,1%. Sabemos que han habido avances al respecto, especialmente en cuanto a corregir condiciones de analfabetos por desuso a través de algunos programas especiales implementados en varios municipios. Pero no obstante, tanto la escasa instrucción primaria como la menguada capacidad de lecto-escritura son condiciones altamente negativas para poder realizar acciones tanto de valoración personal como de inserción laboral. Debemos considerar que así como los adultos mayores son diversos en cuanto a sus asuntos biológicos y psicológicos, es tal vez en el aspecto educacional donde mayormente se advierten estas diferencias.

De esta forma, aun cuando la actual generación de adultos mayores sea más proclive a mantenerse vigente y autónoma y se interese en adquirir nuevos conocimientos -para aprender especialmente sobre formas de cuidarse a sí mismos y así tener una vejez mejor en términos de calidad de vida-, la pobreza intelectual puede ser tan limitante como la material. La misma sociedad, cada vez más profesionalizante y tecnificada, exige mayores requisitos para ser aceptado, lo que aumenta la segregación de los que están en peores condiciones, caso en el que se encuentra gran parte de nuestra población objetivo. Por tanto, la educación sobre el envejecimiento y la vejez debe abarcar al abanico social completo. Enseñar a envejecer debería ser parte de enseñar a vivir. El contenido clave es transmitir que la vida misma es un cambio constante, y que si bien algunos cambios son origen de limitaciones, hay que aprender a vivir con ellos.

Estos contenidos deberían insertarse en los programas de enseñanza básica, media y superior, de tal manera que los jóvenes se preparen física y psicológicamente para cuando tengan que enfrentar su período de adultos mayores. El desarrollo de valoraciones positivas respecto a la edad más avanzada por una parte, permite que los más jóvenes aprendan a cuidar de su propia salud, contribuyendo así a disminuir los riesgos de concomitancia de patologías asociadas al deterioro fisiológico. Y por la otra, favorece el diálogo intergeneracional, indispensable tanto para que los menores desarrollen sentimientos de afectividad, solidaridad y responsabilidad frente a su cuidado, como asimismo para favorecer los objetivos de mejorar la inserción social deseada para los senescentes.

Dado que alrededor del 60% de la población tiene muy bajo nivel o no tiene educación formal -variable fuertemente ligada a la condición de pobreza- sus oportunidades laborales son muy disminuidas. Ellos necesitan aprender algún oficio que les permita obtener recursos adicionales. Pero no basta solamente con capacitarles en determinadas áreas, sino es imperativo realizar acciones para que este aprendizaje efectivamente tenga réditos monetarios. De no ser así, pueden acentuarse sentimientos de frustración que afectan seriamente a su autoestima. Asimismo, debe estimularse a aquellos que desean completar sus años de enseñanza básica o media, coordinando acciones con el sector de educación formal respectivo, junto con crear y aplicar programas de educación continua para los que así lo deseen.

Para ese 4% con educación superior, asociado con un mejor pasar económico, y también para aquellos que tengan sus años de enseñanza media completos, que son sanos y desean mantenerse vigentes, es conveniente explorar posibilidades para que puedan perfeccionarse en aquellas áreas de su saber, incursionar en otra nueva, o bien deseen ampliar sus horizontes culturales en general. Las universidades en conjunto con los especialistas en gerontología tienen aquí un desafío importante para crear programas flexibles, tal vez no profesionalizantes como las carreras de pregrado clásicas, destinados a este mercado emergente.

La familia

El Ministerio de Planificación Nacional, MIDEPLAN, para efectos de la aplicación de las Encuestas CASEN2 , define en primer término el concepto de "hogar" como la unidad constituida por una sola persona o varias, con o sin vínculos de parentesco, que hacen vida en común; es decir, se alojan y se alimentan juntas, lo que significa que comparten vivienda y tienen un presupuesto de alimentación común. Ahora bien, la misma fuente reconoce como núcleo familiar a aquella agrupación que reúne a parte de los miembros de un hogar y se conforma por la presencia de una pareja cuya constitución puede ser legal o de hecho, con hijos solteros, sea que estos dependan o no económicamente de la pareja o del jefe de familia reconocido por el núcleo y que no tengan ascendientes directos en el hogar. Otros núcleos familiares los constituirán personas que cumplan parcialmente algunas de las especificaciones de esta última definición, por ejemplo padres solteros o separados con hijos, personas solas o un pariente a su cargo.

Reconociendo como base ambas definiciones, para efectos de este artículo estimamos, además, que familia incluye al conjunto de personas unidas por el sentimiento de pertenencia a un grupo consanguíneo o no, pero que se sienten ligados entre sí por vínculos de afecto y solidaridad.
Al respecto es importante conocer la situación de pareja de la población adulta mayor. El Censo de 1992
3 señala que el porcentaje de hombres casados a la fecha de ese estudio correspondía al 71%, mientras el de las mujeres era solamente del 40%. Ahora bien, el 72.2% de ellos tenía esposa o conviviente, mientras el 27.8% estaba solo, sea por soltería, viudez, separación legal o de hecho.

Para el caso de las mujeres adultas mayores la situación era completamente distinta: solamente el 42.6% de ellas vivía en pareja (casada o conviviendo) mientras el 57.4% estaba sola por las mismas causas ya descritas. Esta última cifra se explica por dos razones: primero porque la expectativa de vida de las mujeres es superior (5). Para el quinquenio 2000-2005 ésta es 76.6 años para la mujer y 69.4 para el hombre, mientras en el quinquenio 2020-2025 se estima aumentará a 78 años para las mujeres y 71 para los hombres. Y segundo, por el patrón cultural que orienta a las mujeres a establecer pareja con hombres de mayor edad que ellas. El 16.6% restante de varones son separados o solteros. En resumen, podemos señalar que más del 70% de los hombres mayores enfrenta su ancianidad en pareja, mientras mayoritariamente las mujeres deben hacerlo solas (más del 50%). La familia es el entorno al que el adulto mayor pertenece y del que no debiera salir. Sin embargo, la soledad por pérdida del o la compañera les hacen cuestionarse el sentido de sus vidas, especialmente en el caso de las mujeres, que sabemos que tienen mayores índices de dependencia porque son más desvalidas en términos económicos, numéricamente son más que los varones, y también viven más tiempo.

Los grupos en condiciones socioeconómicas más deprimidas tienden mayoritariamente a compartir su hogar con los mayores, entendiendo por tales no solamente a sus padres, sino a veces parientes lejanos, e incluso otros ancianos no consanguíneos. En los estratos medios y altos, las actuales condiciones del mundo posmoderno imprimen un sello de individualidad que cuestiona el principio de unión familiar. Los integrantes de estos grupos familiares, por sus múltiples actividades laborales y de otra índole, van disponiendo cada vez de menos espacios para interactuar con los suyos. Si la prioridad la tienen los miembros de la familia nuclear, léase padres e hijos y esta interacción se torna cada vez más problemática, es fácil deducir que la misma dificultad será todavía mayor respecto a los ancianos. Dentro de estas categorías socioeconómicas, una porción menor de ellos -especialmente los de mayores ingresos- ha optado por un modelo de interacción distante, en que los miembros de distintas generaciones viven en hogares separados, pero reconocen sus lazos afectivos y se reúnen con cierta frecuencia. No obstante, todavía gran parte de los estratos aludidos continúa compartiendo el mismo hogar con sus mayores.

La convivencia familiar para los adultos mayores es el ambiente natural donde ellos pueden en mejor forma recibir el afecto y la comprensión necesarios para adaptarse a los cambios del envejecimiento. Por una parte, el grupo familiar les ayuda a sobrellevar sus limitaciones y el dolor de sus pérdidas, disminuyendo factores de angustia porque se sienten respaldados por los apoyos que reciben expresados en consejos e información; y por la otra, les permite satisfacer una de las necesidades más importantes de todo ser humano: amar y sentirse amado. Es importante señalar que estos apoyos son mejores y más sólidos dentro de los sectores calificados en tramos socioeconómicos medios y altos, mientras que en los más pobres no solamente faltan recursos económicos, sino además sus recursos afectivos están deteriorados, lo que para los ancianos tiene repercusiones especialmente serias.

Por tanto, es necesario asumir que la vejez humana es posible sólo en sociedad. La civilización consiste en proveer lazos significativos para que las personas alcancen dignidad y satisfacciones, es decir, para que la calidad de vida sea digna. Una forma de relación corrientemente invocada es la del deber. Los viejos deben cuidar a los más jóvenes para asegurar la continuidad de la especie, mientras como contrapartida, los viejos que ya dieron todo lo posible de sí, se hacen acreedores de respeto y apoyo. Sin embargo este deber es bastante nominal, siendo la idea más aceptada la de solidaridad. Existe una solidaridad horizontal entre quienes pertenecen a un mismo grupo y una vertical, entre los miembros de los grupos y la autoridad de la sociedad mayor que los alberga a todos. Ambas formas de solidaridad pueden estudiarse y desarrollarse conjuntamente, en una reflexión microbioética, centrada en el individuo y sus vínculos, o macrobioética, centrada en los conjuntos y la sociedad amplia.

La sociedad chilena enfrenta el desafío de propender a lograr la adecuada inserción del senescente tanto en su grupo familiar como en su medio social. En el año 2010 nuestra sociedad deberá proveer los medios para la atención de (5) 2.123.602 ancianos, en lo posible dentro de los contextos familiares, en circunstancias que dicho recurso se va haciendo cada vez menos disponible por las razones antes argumentadas. Por esto, es necesario intensificar la ayuda familiar cuando la dependencia es más fuerte y la situación socioeconómica es de mayor pobreza.

Esto no incluye solamente recursos económicos directos -que en su mayoría deberán provenir del estado por tratarse de un grupo altamente vulnerable- sino además es una demanda emergente en términos de provisión de servicios sociales, alternativas que requieren del concurso de otras fuentes de soporte distintas al estado, concebida como un sistema de redes sociales no gubernamentales y privadas, capaces de dispensar asistencia cognitiva y afectiva a los ancianos con deterioro familiar o carentes. Estas organizaciones, idealmente en su parte operativa, deberían estar compuestas en su mayoría por los propios adultos mayores y constituirse en torno a objetivos de sociabilidad, recreación, aprendizaje y autoayuda.

Participación política y social

Respecto a la participación del adulto mayor en la vida pública, es necesario formular la siguiente definición instrumental como punto de partida(13): "Participación, son aquellas acciones emprendidas por agrupaciones de personas que comparten uno o varios intereses comunes, caracterizadas por un grado importante de organización, cuya estructura puede ser más o menos permanente en el tiempo y que para alcanzar el cumplimiento de sus fines representan esas inquietudes ante autoridades que deben adoptar decisiones, cuyos alcances afectarán a amplios conglomerados de personas.

Desde esta perspectiva un actor es aquel que tiene posibilidad de influir en la toma de decisiones en materias de su interés. En la medida que un grupo definido por intereses comunes solamente se limite a ejecutar instrucciones, o bien realice únicamente acciones operativas de tipo administrativo frente a asuntos previamente definidos, no está participando, situación en la que se encuentra la mayoría de los adultos mayores chilenos".

Ahora bien, la participación política y la participación social son diferentes. La primera se orienta a influir en aquellas decisiones que comprometen al destino de la colectividad en su conjunto, es decir las que ostentan carácter trascendente, y por tanto, tendrán efecto en generaciones venideras. Este es el caso, por ejemplo, de las demandas de la Asociación de Jubilados frente a mayores montos en las asignaciones de retiro para todos los jubilados del país. La participación política de nivel intermedio, se refiere a tratar de predominar en aquellos aspectos de alcance regional o local, que si bien pueden integrar a amplios conjuntos de personas, no comprometen la esencia del régimen político.

Este es el caso, por ejemplo, de una demanda que pretenda obtener recursos públicos para transportar ancianos desde sus hogares a sus controles médicos o a centros de reunión social. Si bien es cierto hay una decisión de autoridad involucrada, ésta es restringida al ámbito de la autoridad local (o regional cuando más) que la adopta, y no tiene efectos vinculantes para el resto del país. La participación social es aquella que no concierne a los ámbitos de injerencia del dictamen del poder político, sino a los más cercanos al desarrollo de la vida diaria de los individuos. En este caso, quienes demandan acuden a personeros e instituciones de la comunidad, por ejemplo empresarios, banqueros, iglesias, directores de consultorios de atención primaria, directores de establecimientos educacionales, etc.

Ha sido característico de las democracias occidentales de fines del siglo XX, una creciente preocupación por la falta de participación política de la sociedad civil en general. Uno de los elementos que más frecuentemente se esgrimen al respecto es la apatía electoral de los ciudadanos, quienes demuestran cada vez mayor renuencia para acudir a las urnas, especialmente los más jóvenes (14). En este imaginario se está reduciendo la participación política al ejercicio del sufragio, elemento que como ya vimos antes, si bien ha sido capital en la extensión de la democracia no es el único, existiendo muchos otros espacios todavía inexplorados para ejercer el derecho a la representación de intereses a través de la participación.

Sin embargo, aun cuando existe un discurso oficial respecto a considerar el adulto mayor como uno de los actores de su propia integración, la verdad es que ellos están muy lejos de serlo, puesto que todavía los canales de expresión y las organizaciones existentes son escasos. La Central Unitaria de Pensionados, Jubilados y Montepiados de Chile, la Asociación de Jubilados, y la Central de Jubilados del INP son grupos de presión políticos organizados y reconocidos como interlocutores válidos por los diferentes actores. Existen muchas otras agrupaciones de senescentes en el marco de la participación social, en torno a ONGs y gobiernos locales, pero que no han logrado incorporar masivamente a nuestra población objetivo.

Los ancianos en Chile constituyen un universo electoral distinto que ha estado incrementándose. Sin embargo, debido a su falta de organización no producen grupos de presión importantes, salvo los ya especificados. Tampoco el tema de la tercera edad es todavía relevante en términos de agenda de los partidos políticos. Sabemos que en el primer año del milenio, 7 de cada 100 habitantes tienen más de 65 años, al 2010 serán 9 y al final de la segunda década, 11.

El adulto mayor ha adquirido un nuevo potencial político en términos del creciente volumen que representan dentro del conjunto de electores chilenos. Hoy día son aproximadamente el 10%, es decir alrededor de un millón doscientos mil votos, el 2010 probablemente llegarán a los dos millones, y el 2025 se acercarán a los dos millones y medio de votantes. Pero a estas estimaciones será necesario agregar también la propensión de los jóvenes a no inscribirse en los registros electorales, lo que disminuiría todavía más la incidencia de estos últimos en la balanza electoral, atendiendo la reducción que ha venido experimentando el grupo joven debido al fenómeno de transición demográfica. De mantenerse esta tendencia, es bastante probable que aumente todavía más el peso electoral del segmento mayor.

Otro elemento interesante respecto al crecimiento de la población senescente es su disposición de tiempo libre, recurso altamente valorado por las generaciones más jóvenes, pero tiene connotaciones distintas en nuestra población objetivo, puesto que su uso en beneficio de ellos mismos depende en gran medida de sus recursos económicos. Podemos asumir que el 8% de ellos -afiliados a ISAPRES- tienen mayores ingresos, lo que nos hace suponer que es probable que no tuvieran grandes problemas económicos asociados.

Pero en el grupo restante es necesario hacer otra distinción más fina:(12) el 18% son pobres, y de ellos el 4% indigente, es decir carentes de todo recurso. La mayor cantidad de pobres se radica en la VIII Región, casi 28%, seguida por la IX, 27% y la IV con casi 23%. En la Región Metropolitana la proporción es más baja, correspondiendo al 11.5%, pero dado el fenómeno de concentración del país en la capital, significa que en Santiago viven alrededor de 500.000 ancianos, de los cuales casi el 18% (alrededor de 90.000), son pobres. Estas cifras nos permiten inferir que más del 25% de la población adulta mayor no tiene posibilidades de hacer uso de su tiempo libre, dada su condición de pobreza, a menos que los gobiernos locales o regionales diseñen y establezcan programas subvencionados especiales que así lo permitan.

Conclusiones

Estamos asistiendo a una transición epidemiológica, estrechamente asociada a los cambios demográficos descritos. Esto significa que se han experimentado variaciones a lo largo del tiempo, que afectaron la composición de la mortalidad por sexo y edades y modificaron las causas de muerte. En la segunda mitad del siglo XX, en los años 60, las enfermedades transmisibles, infecciosas y parasitarias tenían alta prevalencia y atacaban preferentemente a los más jóvenes.

En cambio, a comienzos del XXI, predominan dolencias que afectan principalmente a los adultos mayores (el 76% fallece por alguna de estas causas), tales como problemas crónicos, degenerativos, tumores malignos y accidentes, mientras en último lugar se ubican las infecciosas y parasitarias. Los progresos en el control de las enfermedades y los avances en la esperanza de vida al nacer, dependerán, cada vez más, de la disminución de la mortalidad en las edades avanzadas. Sin embargo, la prolongación de la vida más allá de los 60 años, no ha evolucionado tanto como lo alcanzado en las edades más tempranas. De esta forma, no se prevén cambios drásticos en un futuro cercano, a menos que se logren adelantos relevantes en el tratamiento y control de las patologías crónicas y degenerativas.

Si el progreso técnico lo permite (15), asistiremos a una prolongación de los años de vida que llegará a los límites biológicos de la especie, lo que probablemente permitirá la aparición de nuevas formas de diversidad y posiblemente, de inéditas patologías. Junto con esto, adquirirán creciente importancia -entre otros- los debates públicos bioéticos, tales como la muerte cerebral, el cuidado del enfermo terminal y el suicidio asistido.

Las exigencias antiguas y nuevas que hemos expuesto a través de esta investigación nos demuestran que la posibilidad de los adultos mayores de alcanzar una buena calidad de vida va a depender en gran medida de lo que es "apropiado" para los tiempos, de lo que es "bueno y satisfactorio", tanto desde la óptica de los mayores en su calidad de usuarios como desde las perspectivas y criterios profesionales de los planificadores políticos y sociales; y finalmente, de lo que es "justo" en el plano social. Estos tres fundamentos nos orientan a sugerir un enfoque bioético para enfrentar las políticas públicas sobre envejecimiento y vejez en el Chile del siglo XXI.

Tanto el Gobierno como la sociedad deberán realizar una serie de esfuerzos conjuntos para tratar de afrontar, en la mejor forma posible, las demandas que este cambio demográfico nos está exigiendo. Dentro de estos requerimientos están asociadas las dimensiones cuantitativas y cualitativas. Las primeras, por cierto, se refieren a acciones específicas orientadas a la atención integral e incorporación social y política del adulto mayor, previa revisión de algunas políticas existentes y creación de otras nuevas, lo que obligará, probablemente, a la destinación de mayores recursos económicos. La experiencia nos dice que esto es factible si hay crecimiento económico sostenido, para lo cual el mejor sistema, sin ser desde luego perfecto, es el mercado libre.

Para lograr este objetivo nacional se requiere por cierto dar confianza tanto a inversionistas internos como externos, siendo necesario que el Gobierno les proporcione señales claras respecto a que se mantendrán las reglas del juego del sistema de economía libre.
Respecto a los asuntos cualitativos, están en primer término aquellos relacionados con lograr el cambio de imagen de la sociedad frente a la etapa de adulto mayor, lo que a su vez debe dar lugar a una serie de proyectos educativos, imaginados e implementados con contenidos y
métodos adecuados a los distintos estratos poblacionales que necesariamente deberían ser cubiertos. El uso de tecnologías de aprendizaje novedosas y utilización de los medios de comunicación es un imperativo para lograr los objetivos masivos que esperamos. Como segundo elemento cualitativo debemos enseñar a los más jóvenes a ser actores de su propio proceso de envejecimiento, entregándoles conocimientos para que puedan colaborar activamente en los aspectos preventivos del cuidado de su salud, de tal manera que en sus etapas tardías ellos puedan vivir su envejecimiento en forma vital.

Siempre en la dimensión cualitativa, la demanda por más y mejores servicios sociales se verá incrementada no solamente porque el grupo adulto mayor está aumentando, sino porque también debemos asumir la individualidad y la heterogeneidad dentro de esta clase, lo que trae consigo la paradoja que esta misma diversidad pudiera generar todavía más iniquidades que las existentes. Creemos que vale la pena asumir este riesgo, porque así se está dando satisfacción al esquema democrático que, por una parte, debe buscar privilegiar las libertades individuales, y por la otra, asumir acciones específicas dirigidas hacia los sectores sociales más vulnerables para intentar corregir las injusticias.

Los adultos mayores constituyen un mercado electoral relevante, de creciente importancia en cuanto a su fuerza electoral a medida que avanza el siglo, pero actualmente su peso como actores políticos es todavía irrelevante. Ellos poseen una realidad propia y distinta a las de otros grupos de edad. De acuerdo a su disponibilidad de tiempo libre y condición de autovalentes -que tiene el 66.7% de ellos-, si existiera la posibilidad de buenos canales de organización, los mayores podrían movilizarse en torno a demandas económicas y de servicios sociales en la búsqueda de mejorar su actual estado, lo que creemos apoyaría el proceso de cambio, tanto de la imagen que tienen de sí mismos, como de aquella que la sociedad tiene de ellos. Pero antes, los actores políticos deberán establecer vinculaciones con este grupo, lo que pasa por la inclusión del tema de la tercera edad en la agenda política. Si bien el Estado lo ha estado haciendo, la mayor parte de los actores políticos no lo han incorporado en sus temas de campaña, salvo algunos en elecciones municipales.

Los partidos políticos y los candidatos deberán ser capaces de convocar su interés, de interpretar sus inquietudes, y especialmente, darles confianza acerca de lo relevante que es para el país obtener su experiencia y aporte democrático. Por su parte, el Estado deberá perseverar y perfeccionar en los esfuerzos que actualmente está realizando, puesto que como ya hemos señalado repetidamente, de la satisfacción de sus necesidades básicas va a depender que los ancianos puedan o no superar su actual estado de segregación social y política.

En este sentido, el gobierno chileno, con apoyo del sector privado y de los actores políticos nacionales, regionales y locales, tienen a nuestro juicio varias responsabilidades frente a los adultos mayores: primero, mantener el crecimiento económico sostenido para poder apoyar sus esfuerzos de profundización de políticas sociales, con miras a alcanzar un país más solidario; segundo, fomentar y desarrollar la creación de iniciativas de educación cívica; tercero, crear e implementar medidas especiales para obtener su expresión de voluntad política a través del sufragio y cuarto, promover la integración de otros segmentos distintos al Estado, en planes de colaboración orientados a vigorizar la participación política y social de los senescentes. Estimamos que actualmente la contribución privada o por parte de ONGs es todavía muy insignificante.

Notas

1 Nota de la autora: La encuesta CAS aplicada por los Municipios determinaba la calidad de beneficiarios de subsidios y beneficios de la Red Social de Gobierno que operaba en ese tiempo.
2 Encuesta CASEN 1996, disponible en URL
http://www.mideplan.cl/casen3/series/definicion.html
3 INE, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, Chile y los adultos mayores: impacto en la sociedad del 2000, ver cuadro Nº 18, Población de 60 años y más, por sexo según estado civil, censo de 1992. Disponible en URL
www.ine.cl (estudio elaborado en 1999)

Referencias

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hombre en la aldea global. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica; 1997.
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http://www.ine.cl
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María Eugenia Morales Contreras, Licenciada en Obstetricia; Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, Chile. Académica del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile. Santiago, Chile. bioetica@chi.ops-oms-org

Publicación original: Acta bioeth., 2001, vol.7, no.1, p.71-95. ISSN 1726-569X.Artículo reproducido con la autorización de los editores de Acta Bioethica, ISSN 0717 5906, publicación semestral destinada preferentemente a profesionales de las distintas representaciones de la Organización Panamericana de la Salud, OPS/OMS y a otros especialistas de diversas profesiones, en todo el mundo, interesados en el diálogo bioético.
http://www.paho.org/Spanish/bio/publica.htm - bioetica@chi.ops-oms-org http://www.uchile.cl/bioetica/ - c-bio@uchile.cl

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